Buenos Aires, 2 octubre (NA) — El Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof, y las cuatro principales distribuidoras eléctricas que operan en el territorio (EDEN, EDEA, EDES y EDELAP) apelaron formalmente el fallo judicial que congeló las subas y obligaba a reajustar los valores a los cuadros tarifarios previos.
La controversia, que mantiene en vilo el costo del servicio público para millones de bonaerenses, se trasladó ahora a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, luego de que el juez de primera instancia concediera el recurso presentado por el Estado y las empresas.
La disputa se originó tras la aplicación de la Resolución N° 585/2026 dictada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense. La norma autorizaba subas de entre el 1,5% y el 3,5% a partir del pasado 1 de julio. Ante esto, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, conducida por Guido Lorenzino, interpuso una acción de amparo para frenar el impacto en el bolsillo de los usuarios.
El juzgado que tomó el caso inicialmente dictó una medida cautelar contundente. No solo suspendió las actualizaciones correspondientes a los componentes provinciales del servicio, sino que además ordenó la devolución total del dinero que las compañías eléctricas ya habían facturado bajo el nuevo esquema.
Para justificar el freno, el magistrado interviniente apuntó de forma directa a la falta de audiencias públicas, una herramienta obligatoria de participación ciudadana. En los fundamentos de aquella resolución original se remarcó con dureza: “Hace diez años que no se realiza una audiencia pública. Pretender justificar constantes subas en una ‘tarifa de transición’ por tiempo indefinido desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios”.
Días más tarde, a pedido de la Defensoría, la Justicia aclaró que la suspensión también alcanzaba a todas las cooperativas eléctricas municipales y provinciales.
Frente al revés judicial, el Gobierno bonaerense acudió a los tribunales mediante la Fiscalía de Estado, en sintonía con las presentaciones de EDEN, EDEA, EDES y EDELAP.
El principal objetivo de las prestatarias es conseguir que la apelación sea tratada con efecto suspensivo, lo que les permitiría volver a aplicar las subas vigentes desde julio mientras se resuelve la cuestión de fondo. Por su parte, el argumento que esgrime la Provincia cuestiona la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública para este tipo de actualizaciones.
Mientras tanto, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, bajo la firma del juez Agustín López Coppola, derivó formalmente todo el expediente hacia el tribunal de alzada marplatense.
Agencia NA
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