Castigando a las exportaciones, nunca podremos ser supermercado del mundo
Se está empujando al país a un proceso de reprimarización.
El discurso del Gobierno nacional pone énfasis en la necesidad de reinsertarnos comercialmente en el mundo y la visión de que tenemos que aumentar de una manera importante nuestra capacidad de exportación de productos, apuntando especialmente al mayor valor agregado posible.
Sin embargo, es evidente que entre el discurso y los hechos hay diferencias llamativas. Ocurre que en el marco del acuerdo celebrado con el FMI, el Gobierno nacional introdujo un combo impositivo que afecta negativamente a los sectores exportadores de manera muy significativa, con lo cual no solo se castiga a los sectores exportadores en términos generales, sino que también se está empujando al país a un proceso de reprimarización.
Las retenciones a las exportaciones fueron aplicadas sin respetar criterios elementales de competitividad sectorial, como si fuera lo mismo exportar soja que arvejas, carnes procesadas o aceites vegetales, que maquinaria agrícola. En este marco, se aplicaron retenciones a las exportaciones en torno al 10%, sobre sectores que históricamente habían estado libres de estas medidas. Aclaro, también, que mi opinión es que los pequeños y medianos productores primarios no deben pagar retenciones.
Además, se decidió -con un criterio imposible de descifrar- que también en el marco del ajuste fiscal comprometido con el FMI, había que reducir en un 66% el monto total que anualmente se destina en concepto de reintegro de las exportaciones. Vale la pena recordar que esos reintegros justifican su existencia en la vigencia de diversos impuestos internos, que se acumulan durante el proceso productivo y que no tienen una devolución explicita al exportarse (como sí ocurre con el IVA).
En este marco, los reintegros a las exportaciones de carne vacuna pasaron del 4% al 0,5%, para harina de trigo del 3% al 0,75%, para productos lácteos del 5% al 0,75%, para los vinos del 5,5% al 3%, para el arroz del 3% al 0,25%. A través de este «ajuste» el Gobierno Nacional le quitó a diversos sectores empresarios una parte de la rentabilidad del negocio de exportación. Se trata de una medida de carácter inédito, que no había tomado ni siquiera la administración anterior.
La combinación entre aumento de las retenciones a las exportaciones y la quita de reintegros significa para algunos sectores empresarios una caída de entre 8 y 12 puntos en sus márgenes, lo cual en algunos casos elimina la rentabilidad esperada, y en otros casos directamente las transforma en operación a pérdida.
Está claro que estas medidas dañan el perfil exportador de Argentina, con el único argumento de que la devaluación compensa las decisiones tomadas. Y deja en evidencia que ningún funcionario se puso a hacer números, en términos de simulación de precios, para evaluar el impacto de las medidas adoptadas. Miles de empresas exportadoras están comenzando a sufrir las consecuencias de estas decisiones tomadas de manera inconsulta, sin criterio de segmentación y sin analizar los márgenes de rentabilidad que tiene cada sector productivo.
Vale la pena recordar que este es el mismo gobierno que decía en 2015 que asumía para generar reglas de juego claras y transformar al país en el «supermercado del mundo». La realidad es que se está haciendo todo lo contrario, primarizando exportaciones y generando más concentración empresaria que la que ya había en el país al asumir la actual administración.
Con este nuevo esquema, las empresas más perjudicadas están siendo las Pymes y cooperativas, que se atrevieron en su momento a asumir el desafío del comercio exterior, mientras el gobierno toma medidas que mantienen el negocio de exportación solo en manos de unos pocos actores concentrados.
Es por esto que necesitamos definir una agenda hacia el desarrollo nacional, fortalecer nuestro perfil exportador y la demanda agregada de mercado interno, la integración de cadenas de valor, el agregado de valor en origen, una nueva matriz logística y de transporte, una política de modernización de bienes de capital a través de créditos permanentes y sostenibles, promoción de la innovación en las empresas, transición ecológica, entre otros desafíos que supone domesticar el juego financiero en aras de fortalecer una Argentina productiva.
“Las cooperativas y mutuales están destinadas a desarrollar la Argentina”
Un balance de los debates parlamentarios del último año, en relación al intento de gravar a cooperativas y mutuales con el Impuesto a las Ganancias.
Todo comenzó con el debate de la Ley de Presupuesto 2019 y un intento, por segundo año, de gravar con el Impuesto a las Ganancias a mutuales y cooperativas de crédito y de servicios financieros. Abriendo, en el mundo, una caja de Pandora y por ello despertando una gran preocupación en el movimiento cooperativo y mutual. Una situación muy compleja, porque éstas no tienen ganancias, como todo sabemos. Reinvierten utilidades como organización y como estructura. Por eso, convalidar su inclusión en Ganancias, no sólo era una situación de gravedad jurídica, que iba a desatar muchos planteos judiciales. Era también sacarle esa “ventaja” al movimiento cooperativo y mutual, que tiene por objetivo democratizar la economía.
Creo que hay intereses que no quisieron, no quieren y no siguen queriendo, democratizar la economía. Por eso volvieron a intentar, desde una visión “pro sociedad anónima” de sacar la “ventaja” que tiene supuestamente el movimiento cooperativo y mutual. Con lo cual, el primer resultado de este debate fue muy positivo. Porque hemos concientizado. Hemos hecho una gran pedagogía entre todos, especialmente de parte del sector de cooperativas y mutuales del interior argentino. Porque no se puede nunca tomar este camino. Y se tiene que defender este espíritu cooperativo y mutual.
Tengo la esperanza de que no van a volver a instalar esta idea, porque se van a confrontar con una gran respuesta social en el interior del país, de parte de miles de cooperativas y mutuales.
En segundo lugar, el proceso cooperativo y mutual en el marco de este debate quedó bien segmentado. Más de 1.300 cooperativas y mutuales de crédito y seguro van a estar exentas del del pago de la contribución patrimonial propuesta, al encontrarse dentro de los 50 millones de pesos de valor de su patrimonio, exceptuados por el presupuesto 2019 y la ley correctiva que ratificamos recientemente. Son las cooperativas y mutuales pequeñas que desarrollan una multiplicidad de tareas vinculadas a la promoción humana, a la contención productiva, a lo largo del interior del país.
En tercer lugar, hay un segmento de cooperativas y mutuales, con un patrimonio que está entre los 50 y los 100 millones de pesos, que va a pagar un 3 por ciento de contribución patrimonial, con esta nueva figura que estamos incorporando, un esfuerzo extra que está haciendo todo el sector. Pero a la vez hemos establecido que los primeros 50 millones de pesos de valor patrimonial, que están exentos de cualquier pago, van a poder deducirse, con lo cual se va a pagar menos del 3 por ciento establecido, además de otras deducciones que tiene el proyecto.
Hay otro segmento, de entidades con un patrimonio de más de 100 millones de pesos, del movimiento cooperativo y mutual de seguros y de crédito, que son grandes a los efectos de compararlas en nuestro país, pero en relación a las compañías multinacionales de seguro y bancarias, no son nada, y por lo tanto son empresas sociales argentinas que debemos cuidar mucho. Para este segmento, en el Presupuesto 2019 que votamos en el Congreso, en su artículo 127, se había establecido una contribución del 6 por ciento del patrimonio. Claramente, un error. Porque significaba casi una confiscación. Y los números que venían de cientos de técnicos vinculados a esas entidades, nos daba que estaban pagando más de lo que hubieran pagado en el caso de haber quedado afectadas por el Impuesto a las Ganancias. Era un atentado al sistema bancario cooperativo, el único que tiene el país, a las tres o cuatro empresas de seguro del sector. Era casi una invitación a correrlas del sistema. Es por eso que rápidamente distintos bloques hemos reaccionado y encontrado los consensos suficientes para bajar esa alícuota, que ahora quedará con una contribución del 4 por ciento del patrimonio, pero que se les permitirá deducir distintos elementos, con lo cual se pagará finalmente una alícuota menor.
En general, y a modo de síntesis, debemos decir que las entidades de la economía mutual y cooperativa que quedan afectadas por la contribución patrimonial, van a hacer de este modo un sacrificio y aporte concreto a la Argentina, que otros sectores como los bancos comerciales no están imitando, por ejemplo. Pero además debemos recordar que todo el sector de la economía social viene haciendo hace décadas un gran aporte al país, con el pago del 2 por ciento de las cuotas de los más de 6 millones de mutualistas, y a través del Fondo de Promoción y Educación Cooperativa.
Por lo tanto, estamos cerrando un gran proceso de concientización, en cuanto pudimos explicar y convencer que no se puede gravar con Ganancias a las cooperativas y mutuales, porque éstas no tienen Ganancias. Que tienen que ser invitadas a formar parte de un proceso mayor de democratización de la economía y del desarrollo federal. Y aquellos sectores que insistieron con querer sacar las “ventajas”, como ellos dijeron, al movimiento cooperativo y mutual, los invitamos a que puedan ver el capital social, el valor social que representa este movimiento para el país. A que vean su misión, de democratizar la economía, promover el desarrollo local y estar cerca de la gente. Por eso, este proceso se cierra con estas correcciones que estamos apuntando.
Lo dije en un gran acto que se hizo de cooperativas y mutuales en la ciudad de Córdoba: que sea una victoria de todos, una derrota de nadie, salvo de aquellos que, por una mirada neoliberal y tecnocrática, persisten en desconocer el rol que tienen las cooperativas y mutuales en la historia política, económica y social de la Argentina.
