INFORME POLITICO SEMANALDIPUTADO NACIONAL LUIS CONTIGIANI—————————— |
Análisis preliminar del Proyecto de Presupuesto Nacional 2019En los fundamentos del Presupuesto Nacional 2019 que acaba de enviar el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento, se destaca que el ajuste que se expresa en dicho proyecto de ley se explica, según ellos, por factores básicamente ajenos a la gestión del presidente Macri, a la par que se plantean algunas justificaciones sobre el proceso recesivo actualmente en marcha, que no se condicen con la realidad. En el texto oficial puede leerse que: “Transitar el camino de la verdad, implica reconocer que en los últimos meses hubo tres factores que complicaron nuestra economía: la sequía más intensa de los últimos 50 años, la suba del precio del petróleo y, especialmente, una fuerte volatilidad en los mercados financieros internacionales impulsada por la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos”. Del texto hay que deducir que, para Mauricio Macri, todo lo que está ocurriendo actualmente, incluyendo el salvataje del FMI, se explica básicamente por factores externos, ajenos a la gestión del actual Gobierno que, también deberíamos deducirlo, ha venido gestionando de manera muy eficiente la política económica desde el 2016 hasta aquí. Está de más decir que no coincidimos en absoluto con esta visión. La combinación de tasas de interés elevadísimas, con un dólar planchado durante dos años, en el marco de un proceso de desregulación de los mercados, y una irresponsable política de apertura económica, generaron la bicicleta financiera más grande del Mundo, en beneficio de un grupo minoritario de inversores locales y extranjeros. A partir de lo anterior asistimos durante dos años, todo el 2016 y el 2017, al juego especulativo de capitales golondrinas más grande del planeta. Estos capitales decidieron desde mayo pasado que la diferencia ya estaba hecha, razón por la cual se están retirando, con el capital inicial más una impresionante diferencia acumulada. Por eso ahora hay fuga de capitales. Lo contrario de la lluvia de inversiones, que jamás existió. El problema es que las ganancias extraordinarias de estos grupos ahora hay que pagarla. Y la pagará el conjunto de la Sociedad Argentina durante los próximos años. Para operativizar este proceso contaremos con el “invalorable” apoyo del FMI, que nos viene a decir adonde tenemos que ajustarnos para hacer frente, durante los próximos años, a los compromisos que generó la fiesta financiera de nuestro país. A partir de lo anterior se explica un proyecto de Presupuesto Nacional para el 2019 con un fuerte ajuste, con visible impacto en todo el territorio nacional. Adicionalmente a lo anterior, ya sabemos que el acuerdo con el FMI plantea también la necesidad de ajustar las jubilaciones y pensiones de millones de argentinos a partir del 2019. Los comentarios aquí planteados, constituyen un obvio anticipo de nuestra postura con respecto al Presupuesto Nacional que deberá debatir la Cámara de Diputados a partir del próximo mes. La Economía Argentina está comenzando a transitar un proceso recesivo muy severo, probablemente de cara a los próximos tres trimestres, pero adicionalmente también apunta a convalidar un escenario cada vez más regresivo en términos distributivos a nivel de la sociedad, algo que no estamos dispuestos a convalidar con nuestro voto. Las tarifas que vienen: El primer mundo queda lejosLos empresarios vinculados al sector de combustibles dicen que los precios están atrasados en torno al 20%. Las empresas energéticas, mientras tanto, reclaman ajustes muy superiores, sobre todo en gas. En realidad, si el Gobierno Nacional convalidara plenamente los ajustes que se deducen de los contratos que firmó en su momento el ministro Aranguren, entre septiembre y octubre próximo, el gas debería aumentar entre un 60% y un 80%, y un porcentaje algo menor el valor de la electricidad. Está claro que socialmente no hay mucho espacio para avanzar en base a lo acordado. Esto explica que esta semana el ministro anunciará que el segundo semestre llegará, inevitablemente, con nuevos aumentos en las tarifas, pero que los incrementos no superarán el 30% en electricidad, ya que acordó con las empresas energéticas una suba más “amigable”, de manera coyuntural. Mientras tanto se anunció la semana pasada, sin rubor ninguno, que a partir de octubre volverá a exportarse gas con destino a Chile. El ministro Javier Iguacel expresó que: “Estamos avanzando en nuestro objetivo de volver a ser exportadores de gas y petróleo”. A priori parece una muy buena noticia. Sin embargo, hay que decir que esas exportaciones estarán a cargo de empresas privadas, básicamente extranjeras, que acumularán muy buenas ganancias, mientras la mayor parte de la Sociedad Argentina tiene que afrontar un costo por la energía que apunta a situarse a valor internacional, y ajustado por un dólar que sube por el ascensor. En un anterior informe mostramos como las empresas energéticas, están distribuyendo jugosas ganancias a sus socios desde el año pasado, a costa del aumento desproporcionado de las tarifas a los usuarios de todo el país. El argumento es que hay que darles a esas empresas muy buenas ganancias para que después inviertan. Pero por las utilidades distribuidas el año pasado parece que efectivamente van a invertir, pero en otros rubros (y tal vez en otros países.). El argumento, ciertamente correcto, de que los precios estaban atrasados durante el Gobierno de Cristina Fernández, habilitó al Gobierno de Macri a dar un giro de 180 grados y pasarse al otro extremo, un extremo en el cual los argentinos tendremos que soportar precios internacionales dolarizados, para que un grupo reducido de empresas, en general de capitales extranjeros, tenga rentabilidades extraordinarias. Incluso para exportar a Chile, el gas que ya no consumirán los argentinos. Una nueva grieta en defensa nacional y seguridad interiorMacri y un decreto sin el consenso de las instituciones democráticasEl Decreto 683/2018 firmado por el presidente Mauricio Macri sobre el rol de las Fuerzas Armadas abrió un debate. Adelanto que no estoy acuerdo ni en la forma, ni en el fondo. Sí creo que sea cual sea la posición que tengamos, la actual situación de las Fuerzas Armadas -que es responsabilidad no sólo de este Gobierno sino también de los anteriores-, refleja la debilidad, la desidia y la falta de un proyecto nacional de desarrollo en nuestro país. ¿Se pueden discutir los contenidos y estrategias de defensa nacional, el rol de las Fuerzas Armadas de manera diferenciada de un modelo de desarrollo nacional? Creo que no se puede. O mejor dicho es imposible que suceda. Los países desarrollados claramente definen sus estrategias de defensa y de modernización de las fuerzas armadas de acuerdo con sus prioridades geopolíticas y económicas nacionales y mundiales. Hay muchos intereses en juego. Basta recordar el desmantelamiento del misil Cóndor por pedido de los británicos y que la dupla Menem-Cavallo se encargaron de ejecutar. En harás de recuperar “confianza” con el Reino Unido pusimos fin al desarrollo tecnológico en misiles con fines pacíficos. Podemos agregar la voladura del arsenal de la fábrica militar de Rio Tercero, o el desorden, y la falta de planes para Fabricaciones Militares, la privatización de la marina mercante y la industria naval, todo un símbolo de la soberanía de un país, la venta y desprotección de áreas con agua dulce, recursos naturales, energía, minerales, tierras etc. Si no encontramos un proyecto de desarrollo nacional, industrial, científico, democrático, social estable y sustentable ¿qué intereses vamos a defender?, ¿qué soberanía vamos a proteger? ¿Qué rol van a cumplir las Fuerzas Armadas? Detrás de los anuncios del Presidente Macri pasan dos situaciones: el Gobierno Nacional subordina el rol de las Fuerzas Armadas a intereses claramente definidos en la geopolítica militar de EEUU y por otro lado no abre la posibilidad de ningún debate y búsqueda de consensos políticos y parlamentarios que nos permita discutir el desarrollo argentino, las nuevas estrategias de defensa nacional de cara a este siglo, la modernización militar y la formación profesional de nuestros cuadros militares, etc. Es cierto que en pleno siglo XXI y sin conflictos bélicos a la vista, es importante discutir el rol de las Fuerzas Armadas. Pero el país necesita hacerlo desde una mirada amplia, basada en nociones de desarrollo y de entender también cuáles son los conflictos del presente. En ese marco, con una participación de todos los actores sociales, se podría pensar la reestructuración del complejo militar nacional. Pero en rigor, el Decreto 683/18 de Macri, no habilita debate alguno, ni apunta a solucionar problema de actualización tecnológica, sino que comienza a asignar nuevos roles a los militares en el país. Es allí donde debemos detenernos. Además, claro, de analizar por qué ámbitos debería pasar la discusión. En este sentido, en tanto se trata de replantear la defensa nacional y la seguridad interior, debería ser el Congreso Nacional el escenario por el que pase el debate, en tanto allí está representado el pueblo argentino. La Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional que fue sancionada en 1988 en el Gobierno de Raúl Alfonsín y reglamentada mediante el decreto 727/2006 del entonces presidente Néstor Kirchner, la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior de 1991 de Carlos Menem, la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional de 2001 del presidente Fernando de la Rúa, configuran una política de estado y un consenso que los argentinos logramos construir en las últimas tres décadas, que separa el ámbito de la defensa nacional, específico de las Fuerzas Armadas, de la seguridad interior, propio de las fuerzas de seguridad. Una tiene como misión defender a la Nación de amenazas externas convencionales, provenientes de ejércitos de otros países. De allí se desprende que su participación en el control de amenazas dentro del ámbito de la seguridad interior sea ilegal. Y es esto lo que pone en cuestión el decreto firmado esta semana por Mauricio Macri. Es legítimo debatir los nuevos límites entre seguridad exterior y seguridad interior, y deberíamos hacerlo buscando los intereses nacionales, de desarrollo, pero lo que no se puede discutir es que estamos frente a un tema que por su importancia tiene que resolverse con amplios consensos nacionales: no solo políticos, sino ciudadano. La sola sospecha de que estamos alineados a una política de seguridad promovida por los Estados Unidos tendría que provocar que el Gobierno Nacional mande este tema estructural al Congreso Nacional. Es un hecho que no podemos desconocer, a la hora de encarar el análisis del Decreto 683/2018 que pueden considerarse al terrorismo y el narcotráfico como “agresión externa”. Pero aquí vale la pena citar la Resolución 3314 de Naciones Unidas, que habla de una “agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”. Y la resolución del organismo enumera siete situaciones; ninguna contempla a actores no estatales. Otorgar a las fuerzas militares tareas del campo de la seguridad –como podrían ser las llamadas “actividades antiterroristas”- que ya están asignadas a cuatro fuerzas federales desvirtuaría el rol profesional de éstas últimas. Por otro lado, no está claro en el Decreto qué acciones y organizaciones serán consideradas como terroristas. Esta zona gris, podría ser un verdadero peligro, en tanto habilita un uso discrecional o una libre interpretación del funcionario de turno. Finalmente, este debate tendría que darnos la oportunidad de reconstruir a las Fuerzas Armadas argentinas como parte de un nuevo proyecto nacional. En este sentido, no podemos caer en una nueva grieta. Debemos reconocer que la defensa nacional y la seguridad interior están vinculadas a la necesidad de un modelo de desarrollo, que estamos frente a un tema de altísima sensibilidad política, social para la historia, el presente y el fututo de nuestro país que requiere de altos consensos, legitimidad y dialogo. —————————— Labor ParlamentariaProyecto de Ley de Semillas y Creaciones FitogenéticasLa “semilla” es un bien estratégico nacional y es el primer eslabón de la producción primaria y de la cadena agroalimentaria. A partir de ella nuestro país desarrolla un proceso de producción que tiene un alto impacto social, laboral, tecnológico, económico y político. La cadena agroindustrial argentina representa -por ejemplo- lo que el petróleo significa para un país como Arabia Saudita. Miles de poblaciones del interior y muchas ciudades importantes dependen directamente de la producción agropecuaria y agroindustrial. A su vez cada producción en particular va generando un entramado de actores y procesos de agregación de valor que en forma eslabonada se van integrando en complejas cadenas agroindustriales, agroalimentarias, clústers o redes locales de desarrollo, etc. Este proyecto de ley surge tras un arduo trabajo realizado junto a técnicos y especialistas, en el ámbito de una comisión que integré, junto a técnicos y especialistas de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM). Link para descargarlo: Este proyecto surge como fruto del trabajo de la comisión interna de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), de la cual participé activamente. Luego de numerosos debates, consultas y jornadas realizadas presentamos este proyecto de ley. https://drive.google.com/ |