El 31 de julio venció el plazo para adherir al Régimen de Regularización de Activos, conocido como “blanqueo de capitales”. En Santa Fe 6.222 contribuyentes solicitaron la adhesión, por más de 560 millones de dólares. Desde la Administración Provincial de Impuestos se compensará a los contribuyentes cumplidores con los fondos obtenidos por el blanqueo.
A través de la Ley Tributaria 14.386 se establecieron los lineamientos para adherir al Régimen de Regularización de Activos (blanqueo de capitales) en el ámbito de la provincia. Desde el 26 de febrero hasta el 31 de julio, 6.222 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesión.
El régimen, que en Santa Fe tuvo dos prórrogas, contó con la solicitud de adhesión de 5.330 personas físicas y 892 jurídicas. Del total de solicitudes, se habilitó el blanqueo de U$S 567 millones. Las solicitudes por un monto superior a los U$S 100.000 fueron 188.
Del total de capitales “blanqueados”, el 83 % fueron con dinero, el 10 % con bienes registrables y el 7 % inversiones y créditos.
Desde la Administración Provincial de Impuestos (API), se resaltó que el total de los $ 758 millones recaudados será destinado en beneficios para los contribuyentes cumplidores: “En Santa Fe no da lo mismo cumplir que no cumplir; los verdaderos héroes son son aquellos que han cumplido siempre sus obligaciones tributarias”, había destacado el ministro de Economía, Pablo Olivares, en el anuncio de la medida.
Alivios tributarios
La medida de destinar los fondos generados a través del Régimen de Regularización de Activos para beneficio de los contribuyentes cumplidores, se enmarca en las políticas de alivio tributario que desde el Gobierno de Santa Fe se llevan adelante.
En ese marco, cabe recordar que, por ejemplo, al 31 de julio se devolvieron $ 964 millones de saldos a favor de Ingresos Brutos a las cuentas bancarias de los contribuyentes.
Además, para los sectores productivos se crearon los créditos fiscales: comercio, turismo, transporte de carga, taxis y remises, pueden utilizar un porcentaje (a veces el 100%) del pago que realizan de Patente o Impuesto Inmobiliario, para reducir ingresos brutos.