Buenos Aires, 30 julio (NA) — El rescate de 120 turistas varados por un temporal de nieve en el Balcón del Pissis expuso cuestionamientos sobre las habilitaciones concedidas por el Estado y la falta de controles permanentes en uno de los principales destinos de alta montaña de Catamarca.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Centro de Operaciones de Emergencia informó que hasta las 8.30 del 29 de julio habían sido evacuadas 120 personas y que los equipos mantenían comunicación con quienes todavía permanecían en la cordillera.
El operativo involucró a Defensa Civil, Vialidad Provincial, bomberos, policías, personal sanitario, baqueanos, municipios y trabajadores de la minera Zijin-Liex.
Los turistas habían ingresado en más de treinta camionetas y quedaron distribuidos en diferentes puntos del recorrido después de que el viento blanco y la nieve acumulada volvieran intransitable el camino.
Parte de los ocupantes debió descender a pie hasta la base instalada en el kilómetro 0, mientras la maquinaria intentaba abrir paso hacia los grupos ubicados en los sectores más alejados.
El Balcón del Pissis se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Durante el invierno registra cierres preventivos y puede demandar varias horas movilizar asistencia desde los centros poblados más cercanos.
El despliegue permitió evitar una tragedia y no se habían informado víctimas. Sin embargo, la eficacia del rescate no elimina las preguntas sobre las condiciones en las que se autorizó el ingreso de semejante cantidad de vehículos.
La presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Catamarca, Juana Noguera, afirmó el 29 de julio que el Estado otorga en ocasiones habilitaciones a personas que no cuentan con conocimientos completos para transportar visitantes.
También cuestionó la ausencia de controles fijos. Relató que llegó al kilómetro 0 y encontró cerrado un puesto cuya presencia había sido anunciada públicamente por las autoridades.
Su declaración no permite determinar si todos los prestadores involucrados en esta contingencia carecían de preparación ni si existió una infracción individual. Esa evaluación requiere revisar cada habilitación, los partes meteorológicos y las decisiones tomadas antes del ingreso.
La responsabilidad política corresponde al gobierno de Raúl Jalil, que promociona el turismo cordillerano, concede habilitaciones y administra los organismos que deben establecer cierres y fiscalizar a los operadores.
La Provincia deberá publicar qué autoridad permitió las excursiones, qué pronóstico estaba vigente, cuántos guías registrados participaron y qué equipamiento obligatorio llevaba cada vehículo.
También debe informar si existía una orden preventiva de cierre, a qué hora se emitió la primera alerta y cuánto tiempo transcurrió entre el aviso inicial y la llegada de los equipos de rescate.
Una excursión a más de 4.000 metros no puede depender únicamente de la prudencia del conductor. El Estado debe exigir comunicaciones satelitales o radiales, oxígeno, abrigo, alimentos, combustible de reserva, sistemas de localización y planes de evacuación.
Jalil tendrá que explicar además por qué la logística provincial necesitó el apoyo determinante de una empresa minera para despejar caminos y asistir a los contingentes.
La cooperación privada durante una emergencia resulta valiosa, pero no puede reemplazar una estructura pública permanente en un destino que la propia Provincia ofrece como atractivo turístico.
El Ejecutivo debe crear un registro público de guías habilitados, publicar las sanciones aplicadas y establecer un parte diario de accesibilidad durante la temporada invernal.
Rescatar a los turistas era la obligación inmediata y fue cumplida con un amplio operativo. La obligación siguiente consiste en determinar por qué ingresaron tantos vehículos y cómo evitar que otra excursión vuelva a depender de una carrera contra la nieve.
Agencia NA
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