Desde la sanción de la nueva Ley Penitenciaria y la creación de la figura de “Alto Perfil”, el Gobierno Provincial consolidó un avance histórico en el control carcelario. En menos de dos años, la Justicia rechazó más de 700 hábeas corpus impulsados por narcos que buscan recuperar poder desde las prisiones.
Desde diciembre de 2023, la Provincia de Santa Fe decidió librar una batalla silenciosa: la que no se combate con armas ni patrulleros, sino con leyes, expedientes y resoluciones judiciales. El Gobierno Provincial modificó su Ley Penitenciaria, creó la figura del “interno de alto perfil” y endureció los controles dentro de los establecimientos carcelarios. El resultado es un cambio estructural que limita el poder de las organizaciones criminales tras las rejas.
“Antes de esta ley, los presos más peligrosos vivían como querían dentro de la cárcel, y a los agentes penitenciarios se les hacía casi imposible mantener el control”, explicó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial. Y añadió: “No podemos relajarnos, porque esto no está terminado. Por eso necesitamos que Gisela Scaglia esté en el Congreso: para consolidar las leyes que hoy defienden a Santa Fe, pero que aún no existen a nivel nacional”.
En apenas 20 meses, el equipo jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad obtuvo más de 700 fallos favorables ante hábeas corpus interpuestos por narcotraficantes y sus defensores. Cada resolución, señalan desde la cartera, “es un ladrillo más en el muro que separa los pabellones de las calles”.
“En Rosario y en otras ciudades de la provincia, los nombres que antes daban las órdenes para matar hoy están sometidos a un sistema que los acorrala”, apuntaron fuentes del Ministerio.
Una política de control y firmeza
El derribo de búnkeres fue el gesto más visible de esta estrategia integral. A la fecha, se desactivaron o demolieron casi 80 puntos de venta de drogas en distintos barrios de Rosario y otras localidades del territorio santafesino. Pero la transformación también se expresa en los tribunales: Santa Fe logró que la seguridad se defienda no solo en las calles, sino también en los estrados judiciales.
Con esta política, los narcotraficantes no solo perdieron terreno en el territorio, sino también en el plano legal. “En el silencio de los fallos, el Estado vuelve a tener voz y la sociedad recupera la esperanza”, subrayaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.