En una investigación muy expeditiva que llevó adelante el fiscal Martín Castellano, ordenaron el allanamiento de una entidad financiera céntrica donde se retenían tarjetas de AUH y otros beneficios sociales a deudores. También había DNI. Secuestraron documentación, computadoras y celulares e imputarán a los titulares. Podrían clausurarla.
Una extensa fila de personas concentradas frente a un local ubicado en la vereda sur de calle San Martín casi esquina Lavalle, llamó la atención en la tarde de ayer en medio del aislamiento social obligatorio. A esa hora la mayoría esperaba que los atendieran en las oficinas de Crédito Ciudad, una entidad financiera que en su cartel de presentación ofrece «créditos personales». La fila de personas tenía una explicación: se trataba de deudores que buscan sus tarjetas de beneficios sociales –AUH principalmente- que estaban retenidas en el local, dado que obraban como una especie de «garantí» de los créditos otorgados. Como ayer era el día de cobro del bono especial otorgado por el Gobierno a los beneficiarios de la AUH y a jubilados, la fila de personas en espera estaba cargada de ansiedad.
Sin embargo, alrededor de las 5 de la tarde llegó la policía. Y no fue para asegurar la «distancia social» entre los que formaban fila, sino para llevar adelante un procedimiento ordenado por la justicia. A la mañana, en la Fiscalía Regional se recibieron denuncias sobre la situación que se planteaba en la entidad financiera mencionada, concretamente plantando el hecho de la retención de las tarjetas.
No hubo demoras. Rápidamente el fiscal regional Diego Vigo instruyó al Dr. Martín Castellano, a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rafaela, y a las órdenes de ést personal del Departamento de Investigaciones Complejas V de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Rafaela realizó un allanamiento en la entidad.
Las fuentes consultadas indicaron a este diario que «la Fiscalía tomó conocimiento de presuntas maniobras desplegadas por esa financiera para retener documentos de identidad, tarjetas de débito o tarjetas de cobro de asignaciones familiares u otros subsidios, tras el otorgamiento de créditos personales y con ello asegurarse el cobro de las cuotas». A partir de esos datos el Fiscal Castellano inició de oficio una investigación, solicitando al Juez de la Investigación Penal Preparatoria Javier Bottero el allanamiento en cuestión.
En ese procedimiento, personal policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestró unas 520 tarjetas de Asignación Universal por Hijo, tarjeta de débitos, documentos personales (DNI) y demás elementos, entre ellos dinero en efectivo, teléfonos celulares y computadoras.
Si bien no hubo detenidos, es un hecho que la Fiscalía imputará a los responsables del negocio, que anoche además enfrentaban otro problema: la Municipalidad se disponía a clausurar el local, debido a que se violó la disposición que ordena el aislamiento social obligatorio. Una entidad de ese tipo no tendría que haber estado atendiendo al público ayer. De hecho, se cree que fue abierta exclusivamente por la presión que ejercían los deudores, que venían reclamando insistentemente que les devolvieran los plásticos para poder retirar el monto de los bonos de $ 3.000 que debían cobrar.
La gran mayoría de las personas que estaban realizando la fila eran de condición muy humilde y al final de la jornada se quedaron sin poder recuperar las tarjetas, que en principio les serán devueltas una vez que la ACI concrete el aseguramiento de prueba correspondiente, que dadas las condiciones en que la mayoría de las personas se encuentra se espera que pueda ser realizado a la brevedad posible.
Fuente: Diario Castellanos